En 2009 se han registrado 25.785 reclamaciones, un 60,9% más que en 2008, fundamentalmente sobre servicios y suministros, con especial incidencia en el subsector de la electricidad. Las reclamaciones relacionadas con el cambio de normativa hecho por el Ministerio de Industria, por el que se impuso facturación mensual estimada, ascienden a 10.880, más del 42% de las recibidas. 

Así se desprende del balance de reclamaciones de 2009 que ha presentado el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta. Las reclamaciones durante 2009 han aumentado respecto a 2008 en 16.024, manteniéndose la tendencia iniciada en años anteriores (2005: 14.999, 2006: 16.516 y 2007: 14.701). El mayor incremento porcentual lo ha registrado el subsector de la electricidad, que en 2008 registró 798 reclamaciones, lo que significa que se han incrementado un 1.263%.

Dentro del sector suministros, los subsectores más reclamados han sido la telefonía móvil (1.874 reclamaciones, 35,6% más), Internet (938, 24,5%) y telefonía fija (683, 20,7% menos). En cuanto al sector servicios, los más reclamados son los talleres de reparación de automóviles (1.435), el transporte de viajeros (950), espectáculos y ocio (674). Los dos primeros sufren un aumento respecto a las reclamaciones formuladas en 2008 del 10,81% y del 3,71%, respectivamente.

Ocio y espectáculos, por su parte, pasa de ser un subsector con escasa incidencia en 2008 a convertirse en el cuarto, superando al de servicios de asistencia técnica (587, +22,5%). Sin embargo el de las grandes superficies, con 467 reclamaciones, ha descendido el número de reclamaciones (-13,5%). Beteta señala que "en este ligero incremento ha podido influir el aumento de las acciones divulgativas en consumo y, por lo tanto, una mayor concienciación del consumidor madrileño respecto a sus derechos".

Antonio Beteta ha solicitado que se determine la obligación de hacer las facturas de la luz más claras, respetando, como marca la ley, 'el derecho de los consumidores a obtener una información suficiente y asequible sobre los conceptos que les están cobrando'. La Comunidad considera que la información es insuficiente para el consumidor que se ve obligado a consultar a diversas compañías para conocer la tarifa más conveniente a sus necesidades e intentar evitar la nueva subida de precios.